BUENOS AIRES.- El Gobierno afrontará el viernes un día clave en materia económica. Ese día, por un lado, se conocerá el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la calidad de las estadísticas oficiales de Argentina, y por el otro, la Casa Rosada presentará ante la justicia de Estados Unidos su descargo en el litigio promovido por fondos de inversión con bonos argentinos que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010.
El equipo económico del Poder Ejecutivo dedicará esta semana a preparar la respuesta que presentará el 1 de febrero ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, para rechazar los argumentos esgrimidos el viernes último por dos fondos de inversión (NML y Aurelios Capital Management) ante ese tribunal.
Ambos fondos, conocidos como "buitre", buscan que quede firme el fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa, que ordenó a Argentina pagar a los holdouts U$S 1.300 millones, en efectivo y en un pago, y que luego fue apelado por el Gobierno.
De acuerdo al cronograma fijado por la Justicia norteamericana, tras el descargo que hará el Ejecutivo el viernes, el 27 de febrero habrá una audiencia oral donde ambas partes formularán sus alegatos finales, tras lo cual, la Cámara de Apelaciones se tomará un tiempo para dictar su sentencia definitiva.
Paralelamente, El Gobierno estará atento el próximo viernes a la reunión que mantendrá en Washington el directorio del FMI para analizar un informe sobre la calidad de las estadísticas de Argentina.
El organismo conducido por Christine Lagarde postergó en dos oportunidades una definición al respecto, otorgándole más tiempo al país para que cumpla con el compromiso de diseñar un nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. El FMI reclama al Gobierno que modifique la actual metodología de elaboración de sus informes oficiales para que se adecuen a estándares internacionales.
Las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), especialmente la de inflación, que tiene impacto en otros indicadores como el pobreza, son cuestionadas por consultoras privadas desde enero de 2007, cuando comenzó el desplazamiento de técnicos que no estaban de acuerdo con lo que consideraban una "manipulación" de la información oficial.
Durante los primeros meses de 2011, y a pedido del Gobierno argentino, el FMI envió dos misiones técnicas a Buenos Aires con el fin de confeccionar un informe que sirviera como base para la elaborar una nueva medición de la inflación a nivel nacional. Se concretaron luego visitas de la cúpula del Indec al FMI, pero el diseño del IPC Nacional se fue demorando.
En diciembre, Lagarde elevó un informe al directorio de la entidad, reporte que incluyó la respuesta argentina a las preocupaciones sobre sus datos estadísticos, particularmente, sobre la inflación y crecimiento.
El directorio del FMI definiría el viernes si emplaza a Argentina para que regularice las estadísticas del Indec para homogeneizarlas con los estándares internacionales. La incertidumbre pasa por determinar si el FMI se animará a tomar algún tipo de penalidad institucional con Argentina. Entre esas sanciones, el FMI podría decidir separar al país de los acuerdos del organismo y de la misma manera puede recomendar al Grupo de los 20 (G-20) que proceda en igual sentido. (DyN)